En un paso significativo hacia la modernización de la identificación de la población, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara alta, abrogaron la obsoleta Ley General de Población, publicada en 1974, y dieron paso a una nueva normativa. Esta ley redefine la Clave Única de Registro de Población (CURP) al incluir fotografía del rostro, huellas dactilares, firma y lugar de nacimiento.
La expedición de la CURP con fotografía será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, que verificará la identidad de las personas mediante la comparación de los datos proporcionados por los ciudadanos con los registros de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Además, la nueva ley establece que la CURP deberá renovarse cuando se deteriore o cuando los rasgos físicos de una persona cambien de manera que no coincidan con la fotografía adjunta.
Sin embargo, durante la discusión, el senador Noé Castañón planteó interrogantes sobre la viabilidad presupuestaria de este nuevo trámite, ya que el artículo quinto transitorio no autoriza recursos extraordinarios para su implementación. Castañón enfatizó que la recopilación de datos biométricos, incluida la fotografía, implica costos que no se han previsto adecuadamente en la ley.
La propuesta de expedir esta nueva ley fue presentada por las senadoras de Morena, Mónica Fernández Balboa y Olga Sánchez Cordero. Fernández Balboa señaló que, en los últimos 40 años, la realidad demográfica del país ha evolucionado considerablemente, lo que justifica la necesidad de actualizar el marco normativo relacionado con la población.
Aunque la ley ha sido aprobada por las comisiones unidas, aún debe ser discutida y votada en el pleno del Senado para su implementación definitiva. Esta reforma representa un paso importante en la modernización de los sistemas de identificación y la adaptación a las necesidades cambiantes de México en el siglo XXI.
