La iniciativa de «Protección al Patrimonio Social» busca evitar que bancos retengan pensiones y becas; surge tras el caso de una mujer de 67 años afectada por cobros bancarios.
XALAPA, VERACRUZ – En un paso decisivo para proteger la economía de las familias más vulnerables, el diputado federal Adrián González Naveda (PT) presentó la iniciativa de reforma conocida popularmente como «Ley Myrna». La propuesta, impulsada de la mano con la asociación civil El Barzón, busca que los recursos de los programas sociales sean legalmente intocables para las instituciones bancarias y despachos de cobranza.
¿Por qué «Ley Myrna»?
El nombre de la iniciativa rinde homenaje a Myrna, una mujer de 67 años que padece diabetes y síndrome mielodisplásico. Su caso se volvió emblemático tras sufrir el bloqueo total de su cuenta bancaria para cubrir un crédito, lo que la dejó sin acceso a su pensión, su único recurso para comprar medicamentos y subsistir.
“No podemos permitir que un tecnicismo legal deje sin comer ni medicinas a quienes más lo necesitan. La Ley Myrna es una respuesta directa a las injusticias que viven las familias frente a los abusos financieros”, declaró González Naveda.
La propuesta adiciona disposiciones al Código Civil Federal, al Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, estableciendo un blindaje bajo los siguientes criterios:
- Estatus Alimentario: Se define que la Pensión para el Bienestar y las Becas Benito Juárez tienen carácter alimentario, por lo que son inembargables, intransferibles e irrenunciables.
- Prohibición de Retenciones: Los bancos estarán obligados a establecer mecanismos para identificar estas cuentas y evitar que sean congeladas por deudas civiles o mercantiles, especialmente en juicios que aún no tienen sentencia definitiva.
- Prioridad Infantil: La única excepción para retener estos fondos será en casos de pensiones alimenticiasdecretadas por un juez en favor de hijas e hijos.
La colaboración con El Barzón ha sido clave para dar pertinencia social a la ley. Esta organización ha documentado cómo la desproporción entre las deudas y la capacidad de pago de los adultos mayores es aprovechada por las instituciones para realizar cobros abusivos.
De ser aprobada, el proyecto de decreto otorga un plazo de 60 días para su entrada en vigor. Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrá 120 días para emitir la regulación técnica que obligará a todos los bancos del país a proteger estos recursos de manera automática.
La Ley Myrna se encuentra actualmente en comisiones de la Cámara de Diputados, a la espera de ser discutida y votada por el pleno para convertirse en una realidad que proteja el sustento básico de millones de mexicanos.
