La Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados presentaron hoy públicamente la investigación, posicionamiento y movilización «Digitalidad y derechos humanos: Los riesgos del T-MEC en materia de servicios digitales», en el Piso 20 de la Torre Tlatelolco de la UNAM.

El documento es resultado de una investigación sustentada en investigación académica, argumentación jurídica y años de acompañamiento a víctimas de violencia digital.

“Celebramos la alianza estratégica y oportuna que hoy compartimos con el Movimiento Ley Olimpia, Defensoras Digitales y la Barra Mexicana de Abogados. Estamos orgullosos de sumarnos a esta iniciativa valiosa e histórica que hoy nos lleva a interpelar y a hacer una exigencia ciudadana. Nunca más acuerdos comerciales o internacionales sin la participación de todas y todos” expresó. Eloy Caloca, investigador PUEDJS-UNAM.

El acto reunió a instituciones públicas y privadas, organismos internacionales, academia, sociedad civil, representantes de embajadas de EE.UU y Canadá, así como medios de comunicación y sobrevivientes de violencia digital, con el objetivo de impulsar una propuesta concreta de reforma al Capítulo 19 del T-MEC sobre Comercio Digital — desde una perspectiva de derechos humanos y justicia digital.

El investigador académico del programa universitario, Dardo Neubauer, recalcó que  “para que una víctima de violencia digital en México pueda obtener justicia efectiva deben confluir tres condiciones simultáneas: autoridades nacionales deben tener acceso oportuno a la evidencia digital, deben poder exigir rendición de cuentas y auditar los sistemas algorítmicos que amplifican o moderan la violencia y la plataforma debe estar sujeta a un régimen efectivo de obligaciones y eventuales responsabilidades. Estos artículos, el 19.12, 19.16 y 19.17 del TEMEC, como están actualmente, bloquean cada una de estas tres condiciones”.

Las actuales disposiciones de la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no tienen una disposición expresa que obligue a las empresas tecnológicas a someterse a la jurisdicción de los países donde operan y donde residen sus consumidoras. Eso significa que las plataformas digitales y sus equivalentes podría hacer negocios en México sin que ninguna autoridad mexicana pueda auditarlas de manera efectiva, exigirles evidencia cuando hay un delito, ni obligarlas a rendir cuentas por lo que ocurre en sus plataformas. 

Las consecuencias de ese vacío no son abstractas. En México, cerca de 19 millones de mujeres de entre 18 y 30 años han sido víctimas de acoso en internet, según datos del MOCIBA INEGI 2026. A eso se suman casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años que han denunciado violencia digital, y 760 mil que han recibido contenido agresivo o inapropiado en plataformas. 

“Casi cualquier país tiene mayores protecciones y regulación de la esfera digital que México. Existe una verdadera ley de la selva que hemos diagnosticado desde la UNAM” señaló el Dr. John Ackerman, Director del PUEDJS-UNAM y Tlatelolco Lab.

En las disposiciones que desde enero se renegocian sobre esta materia, el Artículo 19.16 del T-MEC entorpece el acceso ágil de las autoridades a evidencia digital, y las plataformas no están obligadas a cooperar de forma inmediata para evitar daños de imposible reparación.

A esto se suma lo que las Defensoras Digitales han documentado en su Informe diagnóstico de implementación de la Ley Olimpia: conforme ha crecido el poder de las corporaciones tecnológicas, también se ha multiplicado la violación a la intimidad sexual de mujeres y niñas, se han ampliado las oportunidades para ejercer violencias digitales sin posibilidad de rastrear a los agresores, y se han masificado contenidos que promueven la discriminación de género y la apología de las violencias sexuales. 

“Hoy no estamos respondiendo a una coyuntura, estamos construyendo una narrativa para el futuro. Pedimos algo claro: que sea no sin nosotras y no con censura algorítmica. Este manifiesto que generosamente hacen los investigadores y las investigadoras jurídicas tiene 3 cambios en el 19.12, en el 19.16 y en el 19.17 de Capítulo de comercio digital en el T-Mec. Es necesario el acceso del código fuente de los datos y por supuesto la responsabilidad de las plataformas digitales, porque la arquitectura jurídica hoy desgraciadamente podría proteger solo los intereses de las plataformas por encima de la seguridad y de la ciudadanía lo cual impide que nuestro país pueda ejercer la eficacia de sus propias legislaciones, como la Ley Olimpia”, afirmó Olimpia Coral Melo Cruz, fundadora del Movimiento Ley Olimpia.

El Artículo 19.17 del T-MEC deslinda a las plataformas de responsabilidad por estos contenidos — incluyendo los que sus propios algoritmos amplifican — dejando impune una práctica sistemática. “En México, nadie está poniendo atención en el tema de comercio digital. A pesar de ver casos en los que las mismas plataformas digitales están siendo duramente cuestionadas también en su país porque tienen demandas de cientos de familias por el modelo de negocios que vulnera la salud mental, genera ansiedad, depresión y adicción en niños, niñas y adolescentes. Ahí queremos poner la mirada: en su responsabilidad con las personas usuarias” explicó Marcela Hernández Oropa, fundadora de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales.

Desde la perspectiva jurídica, las omisiones del tratado y en la regulación interna sobre la jurisdicción aplicable en temas de violencia digital son graves.  “Este mismo año, aún con los precedentes de la Corte sobre Jurisdicción Aplicable, solicitamos la no- indexación de información privada, sin relevancia pública alguna y el algoritmo respondió que hiciéramos valer ese derecho en California” sostuvo Carmen Quijano, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados,  y continuó “Qué impotencia ver a un joven sufrir por tener que acudir a la escuela o a la universidad sabiendo que muchas personas tienen en sus teléfonos imágenes íntimas de su cuerpo y explicarle que no es posible identificar al responsable porque la empresa que posee la información se encuentra en el extranjero y conforme a sus términos y condiciones o puede colaborar con las autoridades mexicanas de forma expedita”.

Una posición que compartió Jorge Sepúlveda, Vicepresidente de la BMA: “Nunca antes habíamos contado con herramientas tan poderosas para comunicarnos, informarnos, innovar y generar oportunidades económicas, sin embargo, también es cierto que el desarrollo tecnológico ha planteado retos inéditos para la protección efectiva de los derechos humanos”

Las organizaciones son enfáticas en que las modificaciones propuestas no buscan obstaculizar el comercio digital, sino garantizar que sus reglas sean compatibles con el Estado de derecho y con la protección de quienes habitan el entorno digital. L

México ha sido pionero en el desarrollo de instrumentos de protección digital: la Ley Olimpia, la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los, el Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales de Tlatelolco Lab, y el Primer Acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales presentado por el Gobierno de México Pero esos avances se deben armonizar con el derecho internacional para que sean aplicables en el ciberespacio, para tener la eficacia de cooperación de la normativa internacional y que las corporaciones tecnológicas no pueden ignorar. 

Si el Capítulo 19 se renegocia sin modificaciones, esa impunidad quedará sellada con vigencia renovada. Las empresas deben respetar las normas de orden público de los países donde hacen negocio.

Las organizaciones convocantes hacen un llamado abierto a movimientos sociales, academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general para ingresar al micrositio https://puedjs.unam.mx/digitalidad-y-derechos-humanos/ 

• Firmar la iniciativa 
• Compartir observaciones ciudadanas ante las Instituciones
• Posicionarse en redes sociales

¡Ningún interés comercial por encima de los derechos humanos!

#TMecSinDerechosNo