La Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados presentaron hoy públicamente la investigación, posicionamiento y movilización «Digitalidad y derechos humanos: Los riesgos del T-MEC en materia de servicios digitales», en el Piso 20 de la Torre Tlatelolco de la UNAM.

El documento es resultado de una investigación sustentada en investigación académica, argumentación jurídica y años de acompañamiento a víctimas de violencia digital.

“Celebramos la alianza estratégica y oportuna que hoy compartimos con el Movimiento Ley Olimpia, Defensoras Digitales y la Barra Mexicana de Abogados. Estamos orgullosos de sumarnos a esta iniciativa valiosa e histórica que hoy nos lleva a interpelar y a hacer una exigencia ciudadana. Nunca más acuerdos comerciales o internacionales sin la participación de todas y todos” expresó. Eloy Caloca, investigador PUEDJS-UNAM.

El acto reunió a instituciones públicas y privadas, organismos internacionales, academia, sociedad civil, representantes de embajadas de EE.UU y Canadá, así como medios de comunicación y sobrevivientes de violencia digital, con el objetivo de impulsar una propuesta concreta de reforma al Capítulo 19 del T-MEC sobre Comercio Digital — desde una perspectiva de derechos humanos y justicia digital.

El investigador académico del programa universitario, Dardo Neubauer, recalcó que  “para que una víctima de violencia digital en México pueda obtener justicia efectiva deben confluir tres condiciones simultáneas: autoridades nacionales deben tener acceso oportuno a la evidencia digital, deben poder exigir rendición de cuentas y auditar los sistemas algorítmicos que amplifican o moderan la violencia y la plataforma debe estar sujeta a un régimen efectivo de obligaciones y eventuales responsabilidades. Estos artículos, el 19.12, 19.16 y 19.17 del TEMEC, como están actualmente, bloquean cada una de estas tres condiciones”.

Las actuales disposiciones de la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no tienen una disposición expresa que obligue a las empresas tecnológicas a someterse a la jurisdicción de los países donde operan y donde residen sus consumidoras. Eso significa que las plataformas digitales y sus equivalentes podría hacer negocios en México sin que ninguna autoridad mexicana pueda auditarlas de manera efectiva, exigirles evidencia cuando hay un delito, ni obligarlas a rendir cuentas por lo que ocurre en sus plataformas. 

Las consecuencias de ese vacío no son abstractas. En México, cerca de 19 millones de mujeres de entre 18 y 30 años han sido víctimas de acoso en internet, según datos del MOCIBA INEGI 2026. A eso se suman casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años que han denunciado violencia digital, y 760 mil que han recibido contenido agresivo o inapropiado en plataformas. 

“Casi cualquier país tiene mayores protecciones y regulación de la esfera digital que México. Existe una verdadera ley de la selva que hemos diagnosticado desde la UNAM” señaló el Dr. John Ackerman, Director del PUEDJS-UNAM y Tlatelolco Lab.

En las disposiciones que desde enero se renegocian sobre esta materia, el Artículo 19.16 del T-MEC entorpece el acceso ágil de las autoridades a evidencia digital, y las plataformas no están obligadas a cooperar de forma inmediata para evitar daños de imposible reparación.

A esto se suma lo que las Defensoras Digitales han documentado en su Informe diagnóstico de implementación de la Ley Olimpia: conforme ha crecido el poder de las corporaciones tecnológicas, también se ha multiplicado la violación a la intimidad sexual de mujeres y niñas, se han ampliado las oportunidades para ejercer violencias digitales sin posibilidad de rastrear a los agresores, y se han masificado contenidos que promueven la discriminación de género y la apología de las violencias sexuales. 

“Hoy no estamos respondiendo a una coyuntura, estamos construyendo una narrativa para el futuro. Pedimos algo claro: que sea no sin nosotras y no con censura algorítmica. Este manifiesto que generosamente hacen los investigadores y las investigadoras jurídicas tiene 3 cambios en el 19.12, en el 19.16 y en el 19.17 de Capítulo de comercio digital en el T-Mec. Es necesario el acceso del código fuente de los datos y por supuesto la responsabilidad de las plataformas digitales, porque la arquitectura jurídica hoy desgraciadamente podría proteger solo los intereses de las plataformas por encima de la seguridad y de la ciudadanía lo cual impide que nuestro país pueda ejercer la eficacia de sus propias legislaciones, como la Ley Olimpia”, afirmó Olimpia Coral Melo Cruz, fundadora del Movimiento Ley Olimpia.

El Artículo 19.17 del T-MEC deslinda a las plataformas de responsabilidad por estos contenidos — incluyendo los que sus propios algoritmos amplifican — dejando impune una práctica sistemática. “En México, nadie está poniendo atención en el tema de comercio digital. A pesar de ver casos en los que las mismas plataformas digitales están siendo duramente cuestionadas también en su país porque tienen demandas de cientos de familias por el modelo de negocios que vulnera la salud mental, genera ansiedad, depresión y adicción en niños, niñas y adolescentes. Ahí queremos poner la mirada: en su responsabilidad con las personas usuarias” explicó Marcela Hernández Oropa, fundadora de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales.

Desde la perspectiva jurídica, las omisiones del tratado y en la regulación interna sobre la jurisdicción aplicable en temas de violencia digital son graves.  “Este mismo año, aún con los precedentes de la Corte sobre Jurisdicción Aplicable, solicitamos la no- indexación de información privada, sin relevancia pública alguna y el algoritmo respondió que hiciéramos valer ese derecho en California” sostuvo Carmen Quijano, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados,  y continuó “Qué impotencia ver a un joven sufrir por tener que acudir a la escuela o a la universidad sabiendo que muchas personas tienen en sus teléfonos imágenes íntimas de su cuerpo y explicarle que no es posible identificar al responsable porque la empresa que posee la información se encuentra en el extranjero y conforme a sus términos y condiciones o puede colaborar con las autoridades mexicanas de forma expedita”.

Una posición que compartió Jorge Sepúlveda, Vicepresidente de la BMA: “Nunca antes habíamos contado con herramientas tan poderosas para comunicarnos, informarnos, innovar y generar oportunidades económicas, sin embargo, también es cierto que el desarrollo tecnológico ha planteado retos inéditos para la protección efectiva de los derechos humanos”

Las organizaciones son enfáticas en que las modificaciones propuestas no buscan obstaculizar el comercio digital, sino garantizar que sus reglas sean compatibles con el Estado de derecho y con la protección de quienes habitan el entorno digital. L

México ha sido pionero en el desarrollo de instrumentos de protección digital: la Ley Olimpia, la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los, el Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales de Tlatelolco Lab, y el Primer Acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales presentado por el Gobierno de México Pero esos avances se deben armonizar con el derecho internacional para que sean aplicables en el ciberespacio, para tener la eficacia de cooperación de la normativa internacional y que las corporaciones tecnológicas no pueden ignorar. 

Si el Capítulo 19 se renegocia sin modificaciones, esa impunidad quedará sellada con vigencia renovada. Las empresas deben respetar las normas de orden público de los países donde hacen negocio.

Las organizaciones convocantes hacen un llamado abierto a movimientos sociales, academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general para ingresar al micrositio https://puedjs.unam.mx/digitalidad-y-derechos-humanos/ 

• Firmar la iniciativa 
• Compartir observaciones ciudadanas ante las Instituciones
• Posicionarse en redes sociales

¡Ningún interés comercial por encima de los derechos humanos!

#TMecSinDerechosNo

El Hotel Live Aqua Ciudad de México Bosques será sede de una jornada gastronómica que transforma el sabor en esperanza.

La gastronomía vuelve a convertirse en un vehículo de impacto social con la celebración de Sabores con Causa 2026, un evento que reunirá a algunos de los chefs y restaurantes más destacados de la capital mexicana el próximo sábado 18 de abril en el Hotel Live Aqua Ciudad de México Bosques.

Organizado a beneficio de la asociación Aquí Nadie Se Rinde (ANSeR), esta iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar los tratamientos de niñas, niños y adolescentes con cáncer, reafirmando el compromiso de la comunidad gastronómica con causas de alto impacto social.

En su edición 2026, Sabores con Causa consolida su lugar como una de las experiencias filantrópicas más relevantes en el calendario culinario de la Ciudad de México, al reunir talento, creatividad y solidaridad en un mismo espacio.

Los asistentes podrán disfrutar de un formato de degustación que incluye platillos diseñados especialmente para la ocasión por más de 26 chefs invitados, acompañados de maridajes con bebidas de marcas reconocidas. Esta experiencia busca no solo destacar la diversidad y nivel de la cocina contemporánea en la ciudad, sino también generar conciencia y participación activa en torno a la lucha contra el cáncer infantil.

Desde su creación, Sabores con Causa ha demostrado el poder de la colaboración entre la industria restaurantera, marcas y sociedad civil, logrando que cada edición se traduzca en apoyo directo para pacientes y sus familias. La totalidad de lo recaudado se destina a fortalecer los programas de ANSeR, institución que desde 2005 trabaja para evitar el abandono de tratamientos por falta de recursos y brindar acompañamiento integral a quienes enfrentan esta enfermedad.

Con un enfoque que combina alta gastronomía y responsabilidad social, Sabores con Causa 2026 invita a vivir una experiencia donde cada platillo cuenta una historia y cada participación suma a una causa que transforma vidas.

La iniciativa de «Protección al Patrimonio Social» busca evitar que bancos retengan pensiones y becas; surge tras el caso de una mujer de 67 años afectada por cobros bancarios.

XALAPA, VERACRUZ – En un paso decisivo para proteger la economía de las familias más vulnerables, el diputado federal Adrián González Naveda (PT) presentó la iniciativa de reforma conocida popularmente como «Ley Myrna». La propuesta, impulsada de la mano con la asociación civil El Barzón, busca que los recursos de los programas sociales sean legalmente intocables para las instituciones bancarias y despachos de cobranza.

¿Por qué «Ley Myrna»?

El nombre de la iniciativa rinde homenaje a Myrna, una mujer de 67 años que padece diabetes y síndrome mielodisplásico. Su caso se volvió emblemático tras sufrir el bloqueo total de su cuenta bancaria para cubrir un crédito, lo que la dejó sin acceso a su pensión, su único recurso para comprar medicamentos y subsistir.

“No podemos permitir que un tecnicismo legal deje sin comer ni medicinas a quienes más lo necesitan. La Ley Myrna es una respuesta directa a las injusticias que viven las familias frente a los abusos financieros”, declaró González Naveda.

La propuesta adiciona disposiciones al Código Civil Federal, al Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, estableciendo un blindaje bajo los siguientes criterios:

• Estatus Alimentario: Se define que la Pensión para el Bienestar y las Becas Benito Juárez tienen carácter alimentario, por lo que son inembargables, intransferibles e irrenunciables.
• Prohibición de Retenciones: Los bancos estarán obligados a establecer mecanismos para identificar estas cuentas y evitar que sean congeladas por deudas civiles o mercantiles, especialmente en juicios que aún no tienen sentencia definitiva.
• Prioridad Infantil: La única excepción para retener estos fondos será en casos de pensiones alimenticiasdecretadas por un juez en favor de hijas e hijos.

La colaboración con El Barzón ha sido clave para dar pertinencia social a la ley. Esta organización ha documentado cómo la desproporción entre las deudas y la capacidad de pago de los adultos mayores es aprovechada por las instituciones para realizar cobros abusivos.

De ser aprobada, el proyecto de decreto otorga un plazo de 60 días para su entrada en vigor. Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrá 120 días para emitir la regulación técnica que obligará a todos los bancos del país a proteger estos recursos de manera automática.

La Ley Myrna se encuentra actualmente en comisiones de la Cámara de Diputados, a la espera de ser discutida y votada por el pleno para convertirse en una realidad que proteja el sustento básico de millones de mexicanos.